1718 EX PE J.2

PEC PENAL ESPECIAL

HECHOS PROBADOS:

Por medio de Providencia de fecha 12-5-14 de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, se decretó la busca y captura de Estrella para cumplir las penas de 6 años de prisión y un año, 9 meses y un día de prisión impuestas por el Tribunal Supremo como autora, respectivamente, de un delito de pertenencia a la organización terrorista “Resistencia Galega” y falsedad documental con finalidad terrorista. Con la finalidad de evitar la localización y detención de Estrella, el acusado Juan Manuel, nacido el día NUM002 -1978 y sin antecedentes penales, a sabiendas de que se encontraba en situación de prófuga por un delito de terrorismo, ayudó a la citada a esconderse en la localidad portuguesa de Vila Real bajo la identidad supuesta de Matilde desde mediados de abril de 2014. Sobre las 23:20 horas del día 14-6-14 Estrella fue detectada en la localidad leonesa de Ponferrada por miembros de la Guardia Civil que procedieron a su detención. Conocida tal circunstancia, sobre las 14:45 horas del día 16-6-14 el acusado se trasladó de inmediato al domicilio en el que se había ocultado Estrella en Vila Real y recogió todos los efectos que la misma tenía allí guardados con la finalidad de evitar su incautación por parte de las Autoridades españolas y los ocultó en su domicilio sito en la PLAZA000, n2 NUM003, NUM007 Santiago de Compostela. Dichos efectos fueron posteriormente recuperados merced a la colaboración del acusado que indicó dónde se encontraban escondidos.

CUESTIONES:

1.- ¿Cuál de los siguientes delitos ha cometido Juan Manuel?:

a) Colaboración con banda armada.

b) Encubrimiento.

c) Terrorismo.

d) Ninguno, su conducta es impune.

2.- ¿Cuál de las siguientes circunstancias atenuantes concurren en la conducta de Juan Manuel?:

a) La de haber procedido el culpable a confesar la infracción a las autoridades, por analogía.

b) Circunstancia mixta de parentesco.

c) La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral.

d) La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante.

3.- ¿Qué circunstancia agravante concurre en la conducta de Juan Manuel?:

a) Aprovechamiento de las circunstancias del lugar.

b) Abuso de superioridad.

c) Alevosía.

d) Ninguna de las anteriores.

4.- Si Juan Manuel hubiera estado ligado a Estrella de forma estable por análoga relación de afectividad, ¿hubiera tenido ello alguna consecuencia jurídico-penal?:

a) Sí, la conducta de Juan Manuel hubiera sido impune.

b) Sí, se habría aplicado la circunstancia mixta de parentesco.

c) No.

d) Sí, se aplicaría una atenuante por analogía.

5.- Si Estrella hubiera cometido simplemente y nada más un robo con violencia o intimidación, ¿hubiera tenido ello alguna consecuencia jurídico-penal?:

a) Sí, la conducta de Juan Manuel hubiera sido impune.

b) Sí, que la conducta de Juan Manuel ya no podría ser calificada como de colaboración con banda armada o terrorismo.

c) No.

d) Sí, pero únicamente a efectos de pena, no de calificación de los hechos.

RESPUESTAS:

1: b – 2: a – 3: d – 4: a – 5: a

 

1718 EX PE J.1

PEC PENAL ESPECIAL

HECHOS PROBADOS:

Los acusados Alejo y Vicenta, durante al menos el año 2015 formaban parte de una organización criminal que, prevaliéndose de la situación de persecución política o religiosa que muchas personas sufren en sus países de origen y viendo en ello una oportunidad de enriquecimiento ilícito, se dedicaba a introducir en territorio de la Unión Europea a ciudadanos iraníes con visado legal de turista para, tras facilitarles documentación falsa, y después de recorrer el territorio de varios Estados en tránsito, entre ellos España, hacerles llegar al Reino Unido, país en el que finalmente solicitaban asilo. Así las cosas la organización contaba como punto de contacto en Madrid con el acusado Alejo, mayor de edad y sin antecedentes penales, quien era el encargado de recibir a las personas “traficadas”, de buscarles alojamiento, de procurarles una línea de teléfono española para comunicar con ellos, de trasladarles hasta el aeropuerto, una vez que tenían en su poder la documentación falsa que llegaba desde Grecia, vía agencia de mensajería, de darles indicaciones de cómo debían actuar para abandonar el país y llegar hasta el Reino Unido, y de recibirlos de nuevo, en el caso de que fueran detenidos antes de abandonar el país y una vez puestos en libertad. De esta forma el acusado ayudó a llegar hasta el Reino Unido a, al menos, 26 personas.

En el desarrollo de estas funciones, el acusado Alejo contó con la ayuda de la coacusada Vicenta, mayor de edad y sin antecedentes penales, quien actuaba a las órdenes del primero y quien llegó a dar alojamiento en su propio domicilio a personas “traficadas”.

CUESTIONES:

1.- ¿Cuál de los siguientes delitos ha cometido Alejo?:

a) Un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

b) Un delito de tráfico ilegal de trabajadores.

c) Un delito de emigración fraudulenta de trabajadores.

d) Un delito de recluta de personas bajo condiciones de trabajo ilegales.

2.- ¿Qué grado de responsabilidad tiene Vicenta?:

a) Es cómplice.

b) Es autora o coautora.

c) Es encubridora.

d) Su conducta es impune.

3.- Si el objetivo perseguido por Alejo hubiese sido únicamente prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate…:

a) Correspondería una pena atenuada.

b) La conducta sería impune.

c) Correspondería la aplicación de una circunstancia atenuante por analogía.

d) Esta circunstancia carece de efectos jurídico-penales.

4.- ¿Contempla el Código Penal atribuir responsabilidad penal a una persona jurídica por los hechos descritos en el caso?:

a) Sí.

b) No.

c) Se trata de una circunstancia agravante.

d) Se trata de una circunstancia que excluye la responsabilidad individual.

5.- ¿Qué circunstancia agravante concurre en la conducta de Alejo?:

a) Aprovechamiento de las circunstancias del lugar.

b) Abuso de superioridad.

c) Alevosía.

d) Ninguna de las anteriores.

RESPUESTAS:

1: a – 2: b – 3: b – 4: a – 5: d

Acción reivindicatoria: detentación ilegítima del objeto reivindicado

Que el demandado o demandados sean poseedores o detentadores, y si tuvieren un título más o menos firme, que se obtenga previa o simultáneamente la declaración de nulidad del título o títulos en el que el demandado funda su derecho, a menos que el título en cuya virtud acciona el demandante sea anterior y la nulidad consecuencia implícita o indispensable de la acción ejercitada o que los derechos de ambas partes sobre la cosa reclamada deriven de documentos entre sí independientes.

A estos fines ha de tenerse en cuenta el alcance de la fe pública registral, dado que según constante y reiterada doctrina jurisprudencial, la fe pública registral del artículo 38 de la Ley Hipotecaria actúa asegurando la existencia y contenido jurídico de los derechos inscritos, pero no garantiza la exactitud de los datos de puro hecho relativos a la descripción de las fincas, de tal manera que la fe pública registral no se extiende a los datos y circunstancias de mero hecho que se constatan en el Registro, tales como la naturaleza, situación, linderos y superficie de la finca inscrita. La sentencia de 1 de julio de 1995 del Tribunal Supremo específica que el Registro de la Propiedad, carece de una base física fehaciente, ya que reposa sobre simples declaraciones de los otorgantes y por ello caen fuera de la garantía que presta cuantos datos registrales se corresponden con hechos materiales o físicos, tanto a los efectos de la fe pública como de la legitimación registral, sin que, por tanto, la institución responda de los datos y circunstancias de puro hecho, ni por consiguiente de los datos descriptivos de la finca. En consecuencia deviene irrelevante el hecho acontecido. La sentencia de la Sala Primera del Tribunal supremo de 19 de noviembre de 1992 señala que afirmar que sólo son titulares dominicales quienes acceden al Registro de la Propiedad es insostenible, pues, la propiedad, se adquiere por cualquiera de los medios reconocidos en el artículo 609 del Código Civil sin necesidad de inscripción registral.

Es también conocida la doctrina jurisprudencial que han seguido, entre las más recientes, la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de mayo de 2008, según la cual las fichas catastrales de las fincas en litigio aunque puedan catalogarse ampliamente como documentos públicos administrativos -Sentencia de 20 de diciembre de 2007-, carecen de la eficacia probatoria plena que releva a los Tribunales de valorarlos en conjunción con el resto de las pruebas practicadas; que en un sistema de libre valoración de la prueba, que es el que rige en el ordenamiento procesal, no se infringe norma alguna al inclinarse el Juzgador por uno y otro de los medios probatorios traídos al proceso para sentar sus conclusiones fácticas.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel 53/2013, de 18-7-2013, FD 2º, Ponente Ilma. Sra. Dª. María-Teresa del Caso Jiménez, ECLI:ES:APTE:2013:95