La democratización de la carrera judicial por su base. La elección de los Jueces Decanos

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Los Jueces Decanos se regulan en el capítulo IV del título III (del Gobierno interno de los Tribunales y Juzgados) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículos 166 a 170) y en el título IV del Reglamento del Consejo General del Poder Judicial 1/2000, de 26 de julio, de los órganos de gobierno de los Tribunales.

Ostentan ante los poderes públicos la representación de todos y presiden la Junta de Jueces para tratar asuntos de interés común relativos a la actividad jurisdiccional de los titulares de todos o de alguno de los órganos judiciales (artículo 169 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Velan por la buena utilización de los locales judiciales y de los medios materiales; cuidan de que el servicio de guardia se preste continuadamente; adoptan las medidas urgentes en los asuntos no repartidos cuando, de no hacerlo, pudiera quebrantarse algún derecho o producirse algún perjuicio grave e irreparable; oyen las quejas que les hagan los interesados en causas o pleitos, adoptando las prevenciones necesarias, y ejercen las restantes funciones que les atribuya la ley. En todo caso, les corresponde: a) Resolver en única instancia los recursos gubernativos que quepa interponer contra las decisiones de los Secretarios Judiciales en materia de reparto. b) Poner en conocimiento de la Sala de Gobierno toda posible anomalía en el funcionamiento de servicios comunes procesales de su territorio. c) Resolver cuantos recursos les atribuyan las leyes procesales. d) Velar por la correcta ejecución de las sustituciones y de los planes anuales de sustitución en los términos previstos en esta Ley, resolver con carácter gubernativo interno las cuestiones que se planteen y corregir las irregularidades que puedan producirse adoptando las medidas necesarias y promoviendo, en su caso, la exigencia de las responsabilidades que procedan (artículo 168 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

A los Jueces Decanos corresponde, además: a) Coordinar la actividad de los servicios judiciales, procurando que se presten con la mayor eficacia. b) Dirigir los servicios comunes, sin perjuicio de las facultades de los Presidentes de las Audiencias Provinciales. c) Dirigir y organizar el Decanato, vigilar sus servicios y dar a tal efecto las órdenes oportunas. d) Supervisar el reparto de asuntos entre los Juzgados de la población, asistido de un Secretario, y resolver con carácter gubernativo interno las cuestiones que se planteen y corregir las irregularidades que puedan producirse, adoptando las medidas necesarias y promoviendo, en su caso, la exigencia de las responsabilidades que procedan. e) Cuidar de que el servicio de guardia se preste debidamente, con sujeción a lo establecido en el Reglamento del servicio de guardia. f) Recabar los datos estadísticos relativos al funcionamiento de los Juzgados y emitir los informes que le sean interesados por el Consejo General del Poder Judicial y las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia. g) Resolver, cuando sea preciso, sobre la adecuada utilización de los edificios y dependencias en que tengan su sede el Decanato y los Juzgados con sede en la misma población, en cuanto se refiere a las actividades que guarden relación con la función judicial, sin perjuicio de la policía de estrados que corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales. h) Comunicar al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, en relación con los edificios y dependencias en que tengan su sede el Decanato y los Juzgados con sede en la misma población, lo procedente a los efectos de las necesarias actuaciones de distribución y ubicación de las salas y dependencias de los edificios e instalaciones y de todas aquellas medidas que contribuyan a su uso más racional y eficaz y la modificación de la afectación de un edificio judicial o de alguna de sus partes a órganos o actividades judiciales determinadas. i) Velar por la debida aplicación de los fondos que, por los conceptos de material y conservación, se asignen al Decanato. j) Convocar y presidir las Juntas de Jueces y cuidar del cumplimiento de sus acuerdos. k) Atender las comunicaciones que le fuesen dirigidas por las autoridades no judiciales, si procediera. l) Legalizar los libros que presenten las comunidades, sociedades y otras entidades, en los términos previstos en las leyes (artículo 86 del Reglamento 1/2000, de 26 de julio).

Y pese a la importancia de tales funciones representativas y gubernativas, su elección sólo es democrática en las poblaciones donde haya diez o más Juzgados. En el resto de los partidos judiciales de España, ejerce las funciones de Decano el Juez o Magistrado con mejor puesto en el escalafón (artículo 166 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), por sucesivos periodos de dos años, sin posibilidad de remoción aunque dentro de los mismos sea destinado a prestar servicio en los Juzgados de la población otro Juez o Magistrado con mejor puesto en el escalafón y sin poder renunciar voluntariamente al cargo (artículo 81 del Reglamento 1/2000, de 26 de julio).

Escribo estas líneas desde Teruel que, afortunadamente, se va sabiendo que existe. Además de la condición de capital de provincia, cuenta con 7 órganos judiciales unipersonales. La designación de Decano no es electiva.

No es la única capital de provincia en igual situación. Cuenca o Soria están en las mismas condiciones. Ignoro si alguna otra.

Y en tal situación se hallan numerosos partidos judiciales que no radican en capital de provincia pero que cuentan con un número significativo de órganos judiciales.

Es cierto que de los 431 partidos judiciales que integraban España en 2016 (Justicia dato a dato 2016, CGPJ), la mayor parte son unipersonales o de dos órganos. Pero ello no es óbice, en mi opinión, para abordar decididamente la democratización de la carrera judicial por su base, con la mayor amplitud y a la mayor brevedad posible.

Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría.

Fuero territorial del consumidor demandante en el juicio verbal

Aun cuando pueda ser dudoso el factor de la oferta pública precedente al contrato en el caso concreto, no lo es que la demanda tiene por objeto una reclamación de un consumidor contra una empresa de telefonía por un defectuoso servicio de portabilidad. Lo decisivo es que en la demanda se ejercita la acción individual de un consumidor, factor determinante de una interpretación favorable a dicho consumidor, conforme a la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril (cuya transposición al Derecho interno, tras la STJUE de 9 de septiembre de 1994, se llevó a cabo por la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios). Seguir otro criterio podría mermar el derecho a la tutela judicial efectiva del consumidor demandante.

Auto de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, de 2-3-2016, FD 3º, Ponente Excmo. Sr. D. Antonio Salas Carceller, ECLI:ES:TS:2016:1644A

Rige la norma imperativa del apartado 2 del artículo 52 Ley de Enjuiciamiento Civil: en primer lugar, porque, aun cuando pueda ser dudoso el factor de la oferta pública precedente al contrato, no lo es que la demanda versa sobre una prestación de servicios; en segundo lugar, porque en la demanda se ejercita la acción individual de un consumidor que ha contratado en un ámbito ajeno a su actividad profesional o empresarial y la parte demandada ha intervenido en el ámbito de su actividad empresarial, y el artículo 90.2 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios se refiere a la preferencia del domicilio del consumidor o usuario; y, por último, porque cualquier otra solución vulneraría irremediablemente el derecho a la tutela judicial efectiva del demandante, que para una reclamación de cuantía muy reducida se vería obligado, tras haber presentado su demanda en el juzgado de su domicilio, a tener que dirigirse luego a un juzgado distinto, efecto que los tribunales deben evitar.

Auto de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, de 29-11-2011, FD 1º, Ponente Excmo. Sr. D. José-Antonio Seijas Quintana, ECLI:ES:TS:2011:13049A

15-3-2016 La Directiva 93/13 afecta a la competencia territorial en asuntos de telefonía: el ATS 2 de marzo de 2016 (No atendemos después de las dos)